El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El 1º de agosto del año pasado, la Argentina amanecía con una batería de 15 detenciones y 35 allanamientos. Fue el inicio público de la después llamada “causa de los cuadernos”, una investigación que inició el diario La Nación en enero de 2018 y que cuatro meses después se judicializó. Pocos días antes de cumplir un año, el juicio ya acumula 174 procesados, de los cuales 71 están a la espera de la inminente elevación a juicio oral. El resto, 103, aún tiene pendiente la confirmación o no de sus procesamientos en la Cámara Federal.
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El camino de la causa estuvo repleto de impugnaciones, recusaciones, apelaciones y decenas de resoluciones que terminaron con 137 empresarios procesados, a los que se suman 23 exfuncionarios y 14 testaferros que formaron parte de la red de compra de inmuebles y empresas con dinero cuyo origen sería la corrupción.
Fue, además, el laboratorio de ensayo de la ley del arrepentido, que, si bien estaba vigente y había sido utilizada en otros casos, fue en este expediente donde decenas de empresarios y exfuncionarios la utilizaron para mejorar su situación procesal.
El juez Claudio Bonadio prepara la resolución para dar por terminada la investigación y enviarla a juicio, mientras que los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo esperan la resolución de la Cámara para requerir la elevación. Las defensas hacen sus cálculos: depende de quién sea el presidente el 11 de diciembre utilizarán una u otra estrategia, consignó el diario La Nación.
Varias resoluciones, de primera instancia y de Cámara, ya han probado centenares de hechos. Según el juez Bonadio, en esos recorridos subterráneos por las poderosas empresas de la Argentina se recaudaron en forma ilegal al menos 100 millones de dólares. “No se trató de una simple organización criminal ubicada en estratos medios del escalafón administrativo. Su estructura piramidal con eje en los máximos representantes del Poder Ejecutivo le dio características extraordinarias: de inusual y poderosa capacidad de acción, grandes medios basados en la estructura jerárquica para lograr sus fines y, sobre todo, de una impunidad sin precedente. Corrupción con rasgos definitivos de gravedad y descomposición institucional, increíblemente prolongada en el tiempo”, sostuvo la Sala I de la Cámara Federal en diciembre de 2018, cuando confirmó el procesamiento de los primeros 47 implicados.
De aquellas sentencias hay varias cuestiones que marcaron lo que siguió. En principio, no hubo controversia en los hechos. Tanto los fiscales como el juez y sus colegas de Cámara dieron por acreditada la existencia de un sistema de recaudación ilegal. “Los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno entre 2005 y 2010, y nuevamente de 2013 a 2015, son testimonios de la realidad; el más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década. En ellos se relatan infinidad de trayectos por las calles de esta ciudad y del conurbano, cientos de nombres y de lugares, múltiples escenas surcadas por un mismo denominador común: el dinero”, sostuvo en su momento la Cámara.
El encuadre jurídico
Donde hubo miradas distintas fue en el encuadre jurídico de los hechos. Mientras los fiscales y el juez consideraron que tanto los funcionarios como los empresarios conformaron una asociación ilícita, los jueces de alzada los dividieron. Por un lado, los funcionarios que, con diferentes grados y encabezados por Cristina Kirchner y Julio De Vido, dirigieron esa organización delictual. Por el otro, los empresarios. Según su visión, más allá de que todos persiguieron el dinero y el enriquecimiento, no conformaron una asociación ilícita. A ellos solo les quedó el delito de cohecho, o pago de coimas, publicó La Nación.
En el medio, un puñado de organizadores que sí tenían responsabilidades en el diseño del sistema. Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción y dueño de la constructora Esuco, y Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, fueron dos de los empresarios que también quedaron encuadrados en la figura de la asociación ilícita.
Oscar Centeno
Oscar Centeno, figura clave en este proceso, fue el primer detenido. “Durante los años que se desempeñó como chofer de Roberto Baratta vio desfilar bolsos, mochilas y bolsas, tanto en residencias como en vehículos, en hoteles o en la vía pública, desde los más diversos orígenes, pero con pocos puntos de destino. Uno se enfoca en los domicilios del matrimonio presidencial, el de las calles Uruguay y Juncal, de esta ciudad, como el de la quinta presidencial de Olivos. El otro, ronda tanto este último lugar como la vivienda de Baratta”, dijo la Justicia.
Hoy Centeno es uno de los dos procesados que se mantienen en el programa de protección que funciona en el Ministerio de Justicia. El otro es José López, condenado por llevar bolsos a un convento.
Cuentan que el lugar secreto del remisero es en Buenos Aires y que varios de sus familiares lo visitan continuamente. No se mueve solo y varias veces es trasladado para encontrarse con sus allegados. Los pocos que saben de sus días cuentan que mantiene su costumbre: anota su rutina diaria en cuadernos.
Pedido de nulidad
Los cuadernos, y las copias que se entregaron a la Justicia, fueron motivo de pedidos de nulidad en la causa. Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, fue uno de los que plantearon la improcedencia de esa prueba. “Muchas de las defensas cuestionaron el valor de estos cuadernos como evidencia en el proceso, fundamentalmente porque no pudieron ser secuestrados. De ahí que se los invoque como 'las fotocopias' o 'las imágenes', en un curioso intento de desprestigio, cuando tal apelativo no deja de reconocer correspondencia con un original del cual es derivación”, sostuvo la Cámara.
Según la Justicia, las anotaciones revelaron 205 transacciones. Empresarios de la construcción, la industria metalúrgica, el transporte, entre otros rubros, quedaron plasmados en aquellos registros cuando entregaban dinero. “Las medidas que Bonadio llevó a cabo sirvieron para (...) acreditar la veracidad de los domicilios indicados, los rodados y los titulares de unos y otros; también se obtuvo precisión acerca de las fechas establecidas o los eventos citados”, respaldó el tribunal.
Después de aquella resolución, la causa se ramificó de la mano de los testimonios. El 6 de junio, Bonadio procesó a otros 103 más: 100 empresarios y tres exfuncionarios de Vialidad Nacional. La llamada resolución Cuadernos 2 avanzó sobre el esquema de cartelización que se utilizó para repartir las obras y los sobornos en la obra pública vial. La Cámara aún no se expidió sobre ese centenar de procesamientos.
A partir de los testimonios y las pruebas, 14 testaferros o gestores oficiosos, todos cercanos a Daniel Muñoz, aquel secretario privado de Néstor Kirchner que era el penúltimo eslabón de la recaudación, también esperan el juicio oral. Compraron 70 millones de dólares en lujosas propiedades en Estados Unidos.
Los procesados miran el calendario y observan a los candidatos. Por un lado, está el silencio del Gobierno; por el otro, los reproches a la causa que parten desde los líderes de la oposición. Acostumbrados a la doble moral, a pedir seguridad jurídica a la mañana y bajar con bolsos llenos de plata a los subsuelos a la tarde, es posible que varios tengan dos defensas preparadas. Una centrada en el derecho; la otra, en las bondades de la política. En noviembre decidirán cuál usar.
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