El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata dispuso la suspensión de la audiencia prevista para este viernes 25, a las 9, en el marco de la causa que investiga los contratos truchos en la Legislatura y en la que se debía tratar un planteo de recusación contra los dos fiscales que llevaron adelante la investigación, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry.
La magistrada hizo lugar a una serie de planteos de aplazamiento de ese trámite formulado por los abogados defensores de los imputados. El argumento es que, antes de tratar las recusaciones, debe resolver la cuestión de la competencia: el juez federal Edgardo Alonso ya pidió la causa de los contratos truchos en la Legislatura.
La jueza Barbagelata dispuso este martes “diferir la realización de la audiencia a la resolución de la cuestión de competencia planteada”, consignó Entre Ríos Ahora.
En los últimos días, la magistrada receptó los pedidos de suspensión formulado por los defensores. “Entendemos que previo a realizar la audiencia referida a la recusación, debería V.S. resolver la inhibitoria, ya que estando V.S. notificada del oficio del Juzgado Federal a cargo Edgardo Alonso, y sin haber oído a las partes, entendemos que debería definir si seguirá o no siendo la Jueza de esta causa”, dice uno de los escritos.
La investigación penal de los contratos se cerró luego de casi tres años de instrucción y a principios de junio se conoció la requisitoria fiscal de elevación de la causa a juicio oral. El planteo recayó en la jueza Barbagelata.
El 1° del actual se conoció la novedad de que Ministerio Público Fiscal pidió elevar a juicio oral la megacausa de los contratos supuestamente apócrifos en la Legislatura entrerriana, un investigación que abarcó una década, de 2008 a 2018, y que busca establecer el desafalco producido al erario público mediante la celebración de contratos laborales truchos que servirían para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política.
En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry señalan que «encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria en lo que refiere a los imputados antes nombrados, efectúe el control correspondiente y remita el caso a Juicio, previa realización de la audiencia». La petición fue elevada a la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil, la Fiscalía de Estado.
Son 32 los imputados en la causa :Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.
En el escrito, se adelantó el pedido de pena para cada uno de los imputados:
Para el exadministrador del Senado, Gustavo Pérez, los fiscales piden 18 años de prisión.
Para Juan Domingo Orabona, 7 años de cárcel.
Para Jorge Fabián Lázzaro, 5 años.
En el caso del exadministrador de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, fiscalía pide 12 años de prisión.
Para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, 16 años.
Para el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, 10 años.
Para Alfredo Bilbao, 12 años de prisión.
Para Roberto Ariel Faure, 9 años.
Para Hugo Mena, 10 años.
Flavia Beckman, esposa de Mensa, 7 años y 6 meses.
Para Esteban Scialocomo, 7 años.
Para Verónica Caíno, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Mena Gioveni, Andrea Noemí Beatriz Demartin, María Victoria Álvarez, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Alejandro Rubén Ferreyra y Jorge Pablo Balladares, 3 años de prisión.
Para Pedro Eduardo Opromolla, 6 años de prisión.
Guido Daniel Krapp y Renato Jesús Mansilla, 5 años.
Nicolás Beber, 3 años.
Hernán Javier Díaz, 3 años.
Maximiliano Degani, 3 años.
Marta Aurora Pérez, 3 años.
Mariano Speroni, 2 años.
Diego Pagnoni, 2 años.
Jorge Enriqu De Breuil, 6 años.
Javier Schneider, 3 años y 6 meses.
Pero en medio prosperó un planteo de los defensores para que la causa pase al fuero federal con el argumento de que se trataría de una violación a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
El juez federal de Paraná Edgardo Daniel Alonso hizo lugar al planteo de los defensores, y le pidió el expediente de la causa contratos a la jueza Barbagelata, que todavía no ha resuelto entre dos opciones: puede ceder la causa, y el caso cambia de fuero. O puede negarse y entonces la Corte Suprema de Justicia deberá dirimir la cuestión de la competencia.
Para complejizar aún más el trámite, un grupo de defensores recusó a los fiscales de la causa contratos y pidió su apartamiento. En líneas generales los letrados invocaron una violación del principio de objetividad en el escrito de remisión a juicio. Algunos cuestionaron el rol que tuvieron en 2019, cuando se conoció que la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche -quien se apartó del caso- compartió un fideicomiso y una relación comercial con el imputado Pedro Opromolla en la propiedad de un departamento.
La cuestión iba a tratarse este viernes, en audiencia, pero ese trámite ahora quedó suspendido por la propia jueza Barbagelata. Primero, deberá resolver la cuestión de la competencia.
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