Los periodistas entrerrianos no podemos hacer oídos sordos ante las acusaciones del ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados Sergio Urribarri contra nuestros colegas, al decir que pretenden empujarlo a un “linchamiento”. Bien haría este dirigente en esclarecer su situación, explicar al pueblo su actuación pública, el origen de su patrimonio, y en caso de que hubiera cometido ilícitos pedir perdón, que si es sincero le creeremos, por qué no. Respecto del poder de la balanza, con el pesado Sargento García sentado en un platillo, aquí unas reflexiones.
Por DANIEL TIRSO FIOROTTO (*)
Hacia fines del año 2017 nos animamos a un ligero balance del ejercicio del periodismo en Entre Ríos, con la intención de resaltar hoy el servicio que presta la revista Análisis.
A unos les gustará más, a otros menos, pero la situación que se ha presentado en nuestra provincia desde hace un par de décadas es, a esta altura, un dato objetivo ineludible. Si la república se impuso en la Argentina con el auxilio de los entrerrianos hace dos siglos, sin duda, hoy consiste aquí en esta división de poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y la revista Análisis.
De los tres, el más austero es el tercero, a todas luces, aunque es cierto que el periodismo tiene un complemento carísimo llamado Poder Judicial, y aquí vamos a señalar una deficiencia de la revista: no ha tercerizado bien el servicio. No está a su altura.
Claro, se dirá, no es función del periodismo ejercer justicia. Pero no hemos dicho que Análisis sea el Poder Judicial. La revista es sencillamente un servicio periodístico bien enfocado, cumpliendo su función, y sobresale porque termina anegando los territorios que se hunden con el Poder Judicial.
Nos permitimos redundar en esto: no vemos en Análisis un propósito judicial sino periodístico. Si en nuestro imaginario colectivo el periodismo parece desbordar hacia aquellas funciones es por la ausencia de un servicio que las cumpla. De manera que la nube cargada de energía del periodismo se expande en el desierto.
No le llamaremos campaña al desierto; cometeríamos el mismo error que en la calificación de las campañas de los Roca: Análisis encuentra resistencia, claro, entre los perros del hortelano que no comen ni dejan comer. La respuesta de estamentos superiores del poder de la balanza es parecida a la de cierto obispo de Gualeguaychú, cuando descubrieron unos túneles en la Catedral de esa ciudad: tape, tape, tape, tape. Lo contaba don Manuel Almeida.
Ni los mismos sectores que ponen publicidad en Análisis quedan a salvo del periodismo de ese grupo de colegas. Se dirá ¿a quién se dirige Análisis? A nadie, y a todos. Curas pedófilos, monjas déspotas, obispos cómplices, políticos ladrones, empresarios sobornadores, abogados corruptores, profesionales de la malversación, represores, genocidas, narcotraficantes.
Son incontables las denuncias de Análisis que los fiscales del llamado “Poder Judicial” dejaron pasar en esta historia. Incontables. Denuncias fundadas, documentadas. Cuando esas notas encontraron a un fiscal valiente, a un juez con cierta independencia, en la mayoría de los casos terminaron en procesamientos.
Esta es la marca del periodismo entrerriano de finales del siglo 20 y principios de 21. Y tiene otras marcas no menos importantes, pero hoy nos detenemos en esta porque uno de los políticos más poderosos de la provincia en estas décadas, que ha sido durante años superministro, gobernador, legislador, quiere echar humo sobre sus actuaciones públicas hoy investigadas, y no encuentra mejor idea que incriminar al periodismo.
Más allá del caso particular, diremos que el escándalo de esta situación consiste en que, muchas veces, lo que el Poder Judicial no hace con mil millones de pesos, Análisis lo logra con un tarro de arvejas y un vaso de agua. No entra en ninguna lógica, y es así.
La revista Análisis es un caso único en el país. La mayoría de los demás grupos de periodistas de denuncia dependen de medios ultra poderosos; aquí estamos ante un emprendimiento ultra austero. No conocemos un caso parecido. Los famosos premiados porteños no le llegan a los tobillos a Análisis. Y nosotros, aquí, no precisamos que vengan de afuera a señalarnos los valores y talentos de nuestros vecinos.
Quizá esa aparente sustitución de funciones se explique en la sinergia de dos condiciones: sensibilidad del periodista + indolencia del juez.
LA PUNTE DEL ARIETE
Nombramos a Análisis para sintetizar, pero es cierto que hay una decena de medios que estudian, investigan, denuncian, y buscan el máximo de independencia, es decir, no se atan al capital de un propietario o a un anunciante principal que pida a cambio alguna vista gorda en sus intereses.
Existen en Entre Ríos esos periodistas y medios que le cuentan los lunares al poder político y al poder empresarial, más o menos asociados. No mencionaremos a todos esos periodistas porque siempre nos quedará uno afuera y cometeremos una injusticia, pero están contemplados en el nombre Análisis, como punta del ariete.
Además de ese periodismo de investigación y denuncia, que tiene en vilo a los sectores poderosos (corporativos, políticos, sindicales, militares, empresarios, religiosos, estatales, etc), y que no le da tregua a los que han hecho de la corrupción su salsa, hay periodistas también que prestan un servicio social importante, sea para buscar dadores de sangre, anunciar las condiciones del tiempo, resaltar valores morales barriales, emocionarnos con expresiones de generosidad poco habituales, en fin. El aporte de cada uno es difícil de medir, la conciencia que genera, las vidas que salva cada cual.
Están los más informativos, que nos ofrecen las noticias del día, un accidente, una declaración, la presentación de un libro, un hecho de violencia. Hay también periodistas especializados que pueden ser más o menos críticos del sistema, pero ayudan a conocer, divulgan situaciones económicas, sociales, expresiones diversas, tecnologías, disputas impositivas o arancelarias, etc. Periodistas del espectáculo, de los deportes… Y hay periodistas que buscan conocer e interpretar la realidad, o denuncian situaciones globales, vinculadas al sistema, con una mirada crítica más abarcadora si se quiere. Muchas veces los datos que ofrecen unos periodistas desde su función sirven a otros en un enfoque distinto. A todo eso le llamamos periodismo, y en ocasiones hallamos una positiva sinergia.
El objetivo de esta nota es resaltar el trabajo de Análisis, que en 2017 volvió a repicar campanas para despertarnos, o para decirnos con razón que eso que habíamos naturalizado no es normal.
La permanencia de Análisis a través de las décadas hizo que muchos le tengan confianza hoy, y apelen a ese servicio para exponer sus hondas inquietudes. Ese es también un logro: persistir en una conducta, caiga quien caiga.
Hay personas denunciadas por Análisis y medios similares por quienes hemos tenido un gran aprecio en su momento, y nos consta que también los colegas han experimentado ese vínculo, pero supieron poner la responsabilidad del oficio por encima de sus sentimientos personales. Otras veces los vimos arriesgar su pellejo, y a sus seres queridos, porque hay que decirlo: para dar informaciones sobre el narcotráfico, por caso, el trabajador debe tener bien calzados los zapatos.
Es decir, tomaron un compromiso con la sociedad, y lo cumplen. (Insistimos, cuando decimos Análisis nos referimos no sólo a esa revista sino a esa tendencia, que involucra a varios, ni pocos ni muchos).
Cumplimos pues este primer objetivo, de reconocer la labor extraordinaria de esos servidores públicos que son nuestros colegas, y que a veces encuentran apoyo en otras profesiones (entre los abogados, por caso, en su momento Oscar Rovira, hoy Rubén Pagliotto, por nombrar sólo a dos y hay muchos más, como tres).
Desde esta perspectiva diremos que el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados Sergio Urribarri, protagonista del poder partidario y estatal en la provincia por décadas, dentro de las acciones legítimas para defenderse de acusaciones cayó en el lugar común de atacar al mensajero, cuando acusó a los periodistas de mayor y más merecida credibilidad en la provincia de pretender un “linchamiento mediático”.
Nosotros tenemos el deber de señalar que no estamos ante una indefensa familia inundada que, en un intento por salvarse, tropieza con un exabrupto, sino ante un poderoso que debe rendir cuentas y dejar de pintarse de víctima, porque ese chapaleo infantil no le sienta.
Si gobiernan por décadas, se adueñan de medios masivos, nombran jueces y fiscales, incumplen mandatos constitucionales que se habían dictado para prevenirnos contra la corrupción, ¿víctimas de qué?
LOS ATAJOS
Dicho esto, el segundo objetivo de nuestra columna pasa por llamar la atención sobre este asunto: el ejercicio de la llamada “justicia”.
Digámoslo así: si el (carísimo) Poder Judicial no existiera, ni el sistema de justicia, entonces los delincuentes y corruptos tendrían la posibilidad de pedir perdón y santo remedio.
La mayor parte del problema de la sociedad con sus miembros que cometieron actos de corrupción radica en que ellos no pueden pedir perdón. Perdón, devuelvo, me comprometo a corregir, y punto.
Es que la Justicia los amenaza con mil años de cárcel, una tortura, entonces el sistema aborta esa virtud tan honrosa del arrepentimiento.
Pero no es ni chicha ni limonada. Porque la Justicia tiene operadores internos que colaboran con los amigos. Pueden reemplazar fiscales, facilitar estrategias defensivas, etc. Así las cosas, el poder corrupto ni puede pedir perdón, porque está bajo amenaza, ni será sancionado porque tiene amigos diligentes en el Poder Judicial.
En este punto, las actuaciones de un tal Sargento García en la comarca llevarán al gobierno de turno al descrédito. En algunos despachos de la Justicia solo falta el foco rojo para confesar de qué se trata.
En este ajedrez el poder político parece dispuesto a entregar peones y defender al alfil, para que cumpla su papel de saltearse casillas por los atajos, si se nos permite la metáfora.
Advertidas de estas mañas, algunas agrupaciones decidieron hace muchos años la denuncia social, la sanción callejera, a través de los llamados “escraches”.
Hemos escuchado a analistas que cuestionan el escrache, pero ellos no advierten que el escrache fue una emergente, y ni siquiera muy violenta. Una mirada abierta, integral, puede comprender el sentido de los escraches, principalmente cuando se ha tratado de delitos graves contra las personas (torturas, desapariciones, robo de niños, altos hechos de corrupción, prevaricaciones varias, etc).
Volviendo al asunto: en esta segunda parte de nuestra columna pretendemos poner en cuestión a la justicia en sí misma, y esas condenas tan naturalizadas que parecen normales, como es la de pedir que Fulano “se pudra en la cárcel”.
La cárcel no supera los problemas de casi nadie, pero se ha impuesto. En la mayoría de los casos la cárcel es una venganza. Como sociedad, la cárcel nos desmerece.
Cuando el reo no pone en riesgo la vida del otro, ni está en condiciones ya de entorpecer la investigación de un hecho, la cárcel cumple el rol de la tortura, es una aberración. Ver al corrupto con las manos engrilladas es parte del morbo, lo mismo que mirar las fotos de un descuartizado. Hacer leña del árbol caído, un vicio.
Nuestras familias han naturalizado la cárcel. Esa es una herencia occidental del individualismo, que nos hace creer que el reo está afuera de la comunidad. Somos nosotros (los buenos) y ellos (los malos).
Mientras en occidente decimos “uno de nosotros robó de la bolsa del pueblo”, los hermanos tojolabales expresan su cosmovisión comunitaria de este modo: “uno de nosotros robamos”. Y lo mismo si mató, matamos.
Lo cierto es que los que han cometido errores son parte de la comunidad, es toda la comunidad la que cae en un pozo cuando alguien mata, viola o roba. Quitarse de encima al que tropezó es una cobardía.
Hemos naturalizado la venganza, e incluso creemos que la víctima inmediata, enajenada por el dolor, está en condiciones de impartir justicia.
En muchos casos inhabilitar de por vida para ejercer cargos públicos, quitar la licencia, recuperar los bienes para el pueblo, son medidas que bastarían para superar problemas que no tienen “justicia” posible. Reemplazar la justicia por la venganza se nos ha hecho un hábito.
La cárcel se entiende, sí, cuando una medida de restricción de la libertad física puede evitar otras muertes. Ahí sería muy atinado. Por eso, valga esta insistencia: pretendemos señalar que el sistema de justicia no funciona; sostener el extraordinario servicio periodístico de algunos medios; exigir que los poderosos se hagan cargo y dejen de pintarse de víctimas para difamar al mensajero; y apuntar además que, aún con el sistema de justicia funcionando, las expectativas que nos hacemos con ese poder son desmedidas. Un espejismo. El “que se pudra en la cárcel” habla mal del que lo enuncia.
(*) Periodista. Miembro del Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación –Setpyc-.
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