El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El juez laboral Eduardo Elías Flores, de Concepción del Uruguay, fue suspendido y se le abrió un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento por presunto mal desempeño de sus funciones y por tener una conducta pública y privada incompatible con las funciones a su cargo. El combo de causales incluye situaciones de hostigamiento y maltrato laboral a empleados y denuncias falsas contra abogados litigantes.
Por JUAN CRUZ VARELA (PÁGINA JUDICIAL).
El Jurado de Enjuiciamiento resolvió abrir un proceso contra el juez laboral Eduardo Elías Flores, de Concepción del Uruguay, y dispuso su suspensión en el cargo mientras dure la investigación, que no podrá extenderse por más de seis meses.
Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, en representación de dos abogados de Concepción del Uruguay y una ex secretaria del juzgado a cargo de Flores, lo denunciaron por presunto mal desempeño de sus funciones y por tener una conducta pública y privada incompatible con las funciones a su cargo.
En la denuncia se expuso “una variada cantidad de comportamientos o conductas del juez Eduardo Elías Flores, llevadas adelante durante el ejercicio de su función, demostrativas (…) de graves desórdenes de conducta, o inexcusables comportamientos incompatibles absolutamente con la altísima función judicial o derechamente violatorios de claras normas a las cuales deben sujetar su actuación los magistrados de una república, precedidas del decoro, la prudencia, el recato, la ejemplaridad y, sobre todo, de un piso mínimo ético infranqueable”.
La apertura de causa y suspensión del juez fue dispuesta por el Jurado de Enjuiciamiento integrado por Verónica Mulone, Luis Leissa, Daniel Carubia, Gisela Schumacher, Leonardo Portela, Armando Gay y Gustavo Zavallo.
El tribunal, además, le corrió vista al procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, que interviene como fiscal en el proceso, para que formalice la acusación en un plazo de quince días hábiles.
En un caso, se denunció que el juez Flores acusó falsamente a dos abogados haber intentado cometer estafa procesal en un proceso laboral, es decir, incorporar datos falsos en el expediente para inducirlo a fallar a favor de su cliente. El magistrado lo dijo expresamente en la sentencia, pero omitió hacer la denuncia penal a la que estaba obligado, “solo para sentenciar a favor de la parte contraria” y, a la vez, cargarlos con las costas de ese proceso, dijeron los letrados. Sin embargo, aquella acusación fue descartada de plano en la instancia de apelación y por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que aseguraron que no existió la conducta que el juez les atribuye.
Los letrados aseguran que la intención del juez Flores era “cobrarse antiguos desencuentros con el magistrado, a quien alguna vez uno de nosotros no satisfizo una aspiración u objetivo de índole material”.
En otro pleito laboral, con los mismos protagonistas, el juez rechazó un pedido para correr vista al agente fiscal de turno ante una “evidente” situación de falso testimonio y adulteración de instrumento privado.
Los letrados aclararon que “en modo alguno” pretendían formación de un jury por resultar la sentencia del juez contraria a sus expectativas, sino que en los fallos sobrevuela “de modo constante una actitud indecorosa y hasta abusiva de parte del magistrado (…) además de inclinar su pluma siempre en contra de nuestros postulados partiales, inventando descaradamente situaciones que no existieron o, derechamente, endilgándonos conductas delictivas”, agregaron.
En un caso, sostienen que el juez Flores incurrió en un incumplimiento de los deberes de funcionario público, al no denunciar lo que consideraba un acto de estafa procesal; en el otro, le atribuyen un posible encubrimiento; y en ambas situaciones advierten sobre la “inexcusable arbitrariedad rayana en desviación y abuso de poder, sino en una senda claramente prevaricante”.
Otro hecho que se incluyó en la denuncia da cuenta de que el juez Flores habría solicitado a una abogada del foro local que le asignara algún tipo de tarea de procuración o trámite que pudiera realizar su esposa. En un principio, dicen los denunciantes, el pedido “fue totalmente informal”, pero luego el magistrado habría enviado un contrato, redactado por él mismo, con la firma de su esposa, pero estableciendo una relación laboral con la socia de aquella abogada a quien le solicitara trabajo inicialmente. Ello así para evitar excusaciones o recusaciones futuras. Es que la abogada a quien le había solicitado que contratara a su esposa litigaba en el fuero laboral, no así su socia.
Un lobo jugando en el bosque
El magistrado, además, fue denunciado por una ex empleada del Juzgado del Trabajo Número 1 de Concepción del Uruguay por hechos de violencia laboral y personal que la sumieron en una profunda depresión y forzaron a renunciar al cargo.
La mujer había ingresado al juzgado en 2017, unos meses antes que Flores fuera designado juez. Lo hizo como titular de un cargo de oficial principal; y tiempo después el magistrado la propuso como secretaria letrada interina.
En su caso, dijo haber sufrido “una cerril, ilegal, ilegítima y hasta patológica persecución y sistemático plan de denigración y desgaste” de parte del magistrado, hasta que renunció a su cargo de secretaria letrada interina y luego también, “desgastada y desahuciada hasta límites intolerables”, a su cargo titularizado de oficial principal, según lo hizo constar en la denuncia.
La ex funcionaria judicial, también abogada, detalló una serie de actitudes “características del acoso laboral, psicológico y moral, orientadas a desmoralizar mi práctica profesional, a destruir las redes de contención y trabajo ya generadas con el equipo, a obstaculizar el ejercicio de mis tareas laborales y, en última instancia, a forzar mi renuncia”. El magistrado también denunció penalmente a la ex empleada y le prohibió el ingreso al Juzgado del Trabajo a su cargo.
“Sostenida en el tiempo, esta situación fue generando un desgaste emocional y moral que hacía de mi trabajo, hasta entonces fuente de desafíos y de satisfacción profesional, un verdadero infierno y calvario. Fui desarrollando con el correr de las semanas un cuadro depresivo: me costaba salir de la cama, afrontar mis tareas cotidianas, no podía pensar en otra cosa que no sea el profundo hostigamiento que el doctor Flores me provocaba en mi espacio de trabajo”, expuso en la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento.
“Dentro de su mecanismo de maltrato buscaba generar supuestos de falta de cumplimiento a mi trabajo, acusándome de no cumplimentar debidamente con mis tareas (…) y comenzó paralelamente a denigrar mi trabajo y poner abiertamente en duda mis aptitudes profesionales”, agregó la ex empleada judicial.
Las situaciones de maltrato, de acuerdo con lo expuesto en la denuncia, habrían comenzado a partir de los reparos que puso la mujer ante un pedido del magistrado para elaborar un proyecto que Flores le describió como “una suerte de guía de buenas prácticas recomendadas para empleadores de grandes empresas, con el propósito velado de evadir conflictos de orden judicial laboral”.
La ex empleada judicial dice que el proyecto le resultaba incompatible con la práctica profesional y “éticamente impropio de un funcionario judicial” e incluso sugirió que “algunas actitudes suyas (del juez Flores) trasuntaban ciertos objetivos económicos por fuera de su función judicial, pero orientado al sector empresario”.
A raíz de la hostilidad y maltrato, la mujer se contactó primero con un psiquiatra del Poder Judicial y luego con la Oficina de la Mujer, solicitando asesoramiento para poder manejar su situación; pidió licencia médica y finalmente presentó su renuncia, “ante la necesidad de generar ingresos y la imposibilidad anímica y emocional de volver a desempeñarme en el juzgado”, según expuso en la denuncia.
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