El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La decisión oficial de implementar las declaraciones juradas para que docentes y no docentes del sistema educativo certifiquen cuándo van a trabajar y cuándo se ausentan sigue generando crítica. La resolución N° 2.771, del 24 de septiembre, a través de la cual el Consejo General de Educación (CGE) implementa las “declaraciones juradas” para un control de asistencia de los las escuelas, crea un “relevamiento de la prestación de servicios docentes y no docentes” en los establecimientos educativos.
La iniciativa, señalan desde Educación, “tiene por objeto realizar un relevamiento mensual de la prestación de servicios del personal dependiente de los establecimientos educativos de la provincia de Entre Ríos, tanto en instituciones públicas como privadas, a los efectos de contar con una base de datos actualizada para una gestión efectiva de los recursos humanos existentes y para el diseño de políticas públicas que permitan garantizar la continuidad de las trayectorias pedagógicas en todos los establecimientos educativos”.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) dijo que esa medida “sumó una preocupación a los auxiliares de Educación”, esto es al personal no docente de las escuelas.
Al respecto, la secretaria adjunta de la UPCN, Carina Domínguez, sostuvo que “la aplicación de la resolución 2.771 será tema a tratar en la paritaria sectorial tal como lo solicitó esa organización a las autoridades provinciales”. Adelantó, asimismo, que la convocatoria tendrá lugar el miércoles próximo.
La dirigente explicó que “los auxiliares en las escuelas quedaron en medio de una situación en la que no tenían por qué quedar involucrados, no teniendo claridad sobre cómo proceder”. Al respecto, relató que “los trabajadores trasladaron la inquietud y preocupación al gremio, tanto quienes completaron la declaración jurada -sin tener seguridad sobre la forma de hacerlo-, como quienes no lo hicieron o se sumaron a la revocatoria que impulsó el sector docente. Además, recibieron indicaciones distintas de directivos, directores departamentales, docentes, abonando una situación de mucha confusión y temor porque esto pueda tener consecuencias”, comentó.
“Está claro que el auxiliar tiene un trabajo y responsabilidad distintas al docente” por lo que la dirigente gremial consideró que “habría que rever los objetivos que se plantea el gobierno y si se hace un relevamiento que sea sobre aspectos útiles para futuras medidas que se implementen en función de mejores condiciones de trabajo”. En ese orden, aclaró que no se trata de oponerse a un relevamiento.
Domínguez sostuvo que “el gobierno no puede aplicar medidas indiscriminadamente. Demasiado preocupante es la situación salarial y las políticas del gobierno nacional que impactan en la provincia para sumar problemas”. Tras afirmar que “nosotros tenemos responsabilidad sobre los sectores que representamos” recordó que “en la última paritaria salarial UPCN denunció incumplimiento de la anterior cuando se había comprometido la convocatoria a la paritaria sectorial. Esperamos ahora, la reunión que se concretará el miércoles para poder analizar el sentido y alcance de la Resolución 2771 para los auxiliares de educación”, subrayó.
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