El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El ex gobernador deberá responder en una nueva causa judicial por incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones, a raíz de las contrataciones que hizo el Gobierno provincial con una firma que se le atribuye a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex mandatario, según la reconstrucción que hizo Página Judicial. En muchos casos hubo contrataciones directas. También están involucrados Pedro Báez y Hugo Céspedes.
Por Federico Malvasio de Página Judicial
La Justicia de Entre Ríos abrió una nueva investigación contra el ex gobernador Sergio Urribarri. Quiere saber si cometió el delito de incompatibilidades en el ejercicio de la función pública. Es un delito menor en referencia a los otros por los cuales está siendo investigado, pero es un eslabón más en la pesquisa que se está llevando adelante y en la que se están recolectando pruebas para determinar si el actual presidente de la Cámara de Diputados se enriqueció ilícitamente, al igual que buena parte de su familia.
El miércoles pasado el Ministerio Público Fiscal solicitó información en Casa de Gobierno sobre las contrataciones directas que hizo Urribarri mientras estuvo al frente del Poder Ejecutivo. En el requerimiento se encontró documentación interesante: en varios casos el Gobierno contrató a la imprenta Cinco Tipos –actualmente bajo la denominación Formato Urbano–. Es la misma que se le atribuye a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador, quien se desempeñó en la gestión primero en la Cámara de Senadores y luego en la Casa de Entre Ríos, con sede en Buenos Aires.
La firma es la misma, sólo cambió de nombre comercial y de local. La primera supo funcionar en calle Cura Alvarez y la segunda en Racedo 415. En los papeles figura como TEP SRL.
Esta nueva investigación surge como una ramificación de la causa madre, en la que los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet denunciaron a la familia Urribarri por enriquecimiento ilícito. De hecho, bajo esa carátula llegaron requerimientos a distintos municipios con una sola inquietud: saber si habían hecho contrataciones con las empresas mencionadas, según pudo saber Página Judicial. Dos funcionarios municipales reconocieron que las impresiones que hacía la Provincia debían ser realizadas en esa empresa. Lo mismo repiten trabajadores de otros organismos estatales. Un ejemplo concreto lo dio un trabajador raso: la Dirección Provincial de Vialidad redujo estrepitosamente sus tareas porque muchos de los trabajos que hacía pasó a realizarlos la firma del cuñado de Urribarri. La anécdota se puede multiplicar en otras oficinas públicas.
Para dar una cifra y saber de qué se está hablando, la firma facturó a lo largo de 2014 una suma de 4.788.623,36 pesos al Estado provincial por la tarea de instalación de cartelería en la vía pública. Entre los impresos más vistosos e importantes en cuanto a dimensiones y precio, obviamente, están los que se solían lucir en el frente del edificio del Concejo General de Educación. Allí se colocaron imágenes en homenaje a los combatientes en las Islas Malvinas y también a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras
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