El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El ex gobernador entrerriano y aactual embajador en Israel, Sergio Daniel urribarri, sigue acumulando causas en su contra en la Justicia entrerriana.
Por JUAN CRUZ VARELA (de PÁGINA JUDICIAL)
El juez José Eduardo Ruhl rechazó los planteos de prescripción y caducidad de instancia en la querella por injurias promovida por el abogado Guillermo Mulet. De este modo, la causa será remitida a juicio y se acumulará con otros procesos que enfrenta el ex gobernador por hechos de corrupción en la marco de su frustrada candidatura presidencial.
El ex gobernador Sergio Urribarri tendrá que hacer lugar en su apretada agenda judicial para un nuevo proceso, esta vez por injurias, promovido por el abogado Guillermo Mulet. Es que el juez José Eduardo Ruhl rechazó los planteos de prescripción y caducidad de instancia, instados por la defensa del ex mandatario provincial.
La querella se originó en el año 2016, luego de que Mulet y Rubén Pagliotto denunciaran al ex gobernador por enriquecimiento ilícito.
La respuesta llegó a través de un comunicado de prensa en el que Urribarri calificó a ambos como “dos conocidos denunciadores seriales de dudosa probidad”; y respecto de Mulet dijo que registraba “antecedentes penales con imputaciones judiciales por apoderarse de elementos sustraídos en un robo, habiendo sido oportunamente detenido por la Policía de la provincia” y lo acusó de “encubrir a personas que participaron de un grave delito a una importante empresa avícola de Hernandarias”.
Mulet respondió con una demanda por injurias al considerar que Urribarri había “mancillado” su honor.
Cinco años después la causa llega a juicio ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio. Mulet pretendía una retractación pública a través de los medios y una reparación económica que sería donada a una fundación dedicada a la lucha contra el cáncer infantil. Pero Urribarri dijo desconocer los dichos que se le atribuyen y el comunicado de prensa, negó las declaraciones que aparecieron con su nombre en los medios y aseguró que no tiene nada de qué retractarse.
Ahora el juez también rechazó el planteo de prescripción de la causa que habían plateado los defensores Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, defensores de Urribarri, y tampoco hizo lugar a la pretensión para que se declare la caducidad de instancia, una figura típica del derecho civil y comercial que implicaría la extinción de la acción debido a la inactividad de los querellantes durante los plazos establecidos por la ley.
El delito de injurias tiene un plazo de prescripción de dos años, pero ese lapso estaba suspendido porque Urribarri tenía fueros por su condición de diputado provincial y al haberse amparado en ellos –lo que impedía hacerlo comparecer por la fuerza– impedía el avance de la causa, de modo que la prescripción estaba suspendida. Dijo que tampoco cabe declarar la caducidad de instancia porque la querella instó insistentemente el proceso.
Así las cosas, la causa será remitida a juicio y se acumula a los demás procesos que enfrenta el actual embajador argentino en Israel y Chipre por lo que se dio en llamar el sueño entrerriano, en alusión a la campaña presidencial que emprendió Urribarri en 2014.
Será un megajuicio que comprende tres grandes causas por corrupción en las que le atribuye a Urribarri el uso de fondos públicos para la publicación, en junio de 2014, de una solicitada en 18 diarios nacionales para que todos los sectores se unan contra los fondos buitres, titulada “Acuerdo de Compromiso para la Reafirmación Democrática Argentina”, por la que se pagaron 4.308.500,23 pesos; también por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA, por un monto de 28,4 millones de pesos, en el marco de la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014; y por la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron 14.561.870 pesos.
Después de infinitas postergaciones, el juicio está previsto que comience el 16 de septiembre y se extendería al menos hasta noviembre, ya que deben declarar más de un centenar de testigos, según el cronograma establecido por los jueces José María Chémez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.
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