El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El juez de Garantías, Gustavo Díaz (FOTO), que no dictó preventiva para Juan Ruiz Orrico, acusado de cuatro homicidios, acaba de ordenar la prisión preventiva de Franco Omar González, acusado de amenazar a funcionarios judiciales. Mediaron apenas dos días entre esas dos decisiones tan dispares. ¿La justicia usa varas distintas? ¿Sigue vigente la frase del Martín Fierro sobre la ley como telaraña?
REDACCIÓN de EL MIÉRCOLES
Este martes 6 de agosto por la mañana se desarrolló en la Sala de Audiencias de la OGA de Concepción del Uruguay, la audiencia solicitada por la Fiscalía de María Occhi para tratar la situación procesal del individuo acusado de ser el autor de la nota de amenaza de muerte a la fiscal María Becker y la jueza de Garantías, Alejandrina Herrero. Al acusado le dictaron prisión preventiva, sin embargo, el día anterior el juez de Garantías Gustavo Díaz rechazó el pedido de prisión preventiva de la querella y dispuso que el ex funcionario Juan Ruiz Orrico continúe en libertad, aunque cumpliendo con algunas reglas de conducta durante 90 días (Ver nota:Orrico no cumplirá...).
La estrofa del Martín Fierro citada en la introducción es la siguiente:
La ley es tela de araña;
en mi inorancia lo esplico:
no la tema el hombre rico,
nunca la tema el que mande,
pues la ruempe el bicho grande
y sólo enrieda a los chicos.
La causa de las amenazas a la fiscal y a la jueza
El detenido es Franco Omar González de 38 años de edad, que fuera detenido luego de que la Policía lograra individualizarlo, analizando iumágenes de cámaras y levantamiento de rastros sobre las misivas.
La audiencia fue presidida por el juez de Garantías Nº 2, Gustavo Díaz, encontrándose presentes en sala, el imputado y su defensora oficial, la doctora Romina Pino, así como la fiscal interviniente.
González fue acusado de que el día 24 de julio pasado, concurrió a los Tribunales de La Histórica y tratando de disimular su fisonomía, entró con un buzo con capucha, para dirigirse al mostrador de atención al público de entrada a las Fiscalías, donde entregó un sobre con dos notas, señalando que era para la fiscal, tras lo cual se retiró.
Al abrir dicho sobre se encontraron con la nota manuscrita en letras de imprenta donde se amenazaba de muerte a ambas funcionarias del poder Judicial y otra que aparentemente se trataba de desviar la atención, para que no se pudiera dar con quien fuera el autor.
Este martes Occhi confirmó que la amenaza se relaciona con un hecho de violencia, ocurrido en la Terminal de Concepción del Uruguay, cuando el acusado y su primo, fueron a golpear a un tal Pity, que según ellos, le había robado dinero la madre de González y se fue de la pensión sin pagar.
Tras la intervención policial, este individuo y su primo fueron detenidos y se les inició una causa penal, no habiendo pruebas de que Pity hubiera realmente robado.
Este procesamiento sería lo que molestó a este individuo, que evidentemente enojado escribió las notas y las llevó, pudiéndose constatar que sería él quien las llevó, ya que en las mismas se encontraron huellas digitales de dos dedos de su mano izquierda, gracias al trabajo minucioso de la División Criminalística de la Departamental Uruguay.
La Fiscalía sostuvo que para realizar la investigación y seguir adelante con el proceso garantizado y sin riesgos de las funcionaras amenazadas, solicitaba la prisión preventiva por el plazo de 90 días, destacando que las damnificadas deberán declarar en las próximas horas y solicitó las pericas sobre el celular de González que usa conjuntamente con su pareja, por lo que le comunicó a la mujer que disponga en nombramiento de un defensor.
Occhi intenta obtener información de los llamados y mensajes realizados desde ese aparato los días previos y posteriores del hecho, para sumar evidencias en el caso, resaltando que se está ante un hecho muy grave, como es el tratar de intimidar a funcionarios judiciales para impedir que hagan su trabajo, publicó 03442.
A su turno la defensora oficial, Romina Pino, se opuso a la medida, considerando que su representado no cuenta con antecedentes penales y que este tipo de delito, llegado a juicio contempla pena mínima de 3 años, por lo que puede ser una condena condicional.
Por esta razón, es que la doctora Pino sostuvo que había otras medidas alternativas menos gravosas y lo que resta en la IPP no se afectaría con la soltura de González.
Escuchadas las partes, el juez interviniente dispuso aceptar la medida peticionada por la Fiscal, pero por un plazo menor al presentado, por lo que ordenó la prisión preventiva por 45 días.
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