El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El fraude millonario cometido a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), además de una conmoción política interna, puede generar algunas fracturas a nivel nacional. Sucede que, de acuerdo a un listado parcial, entre las empresas involucradas en el delito aparece la firma El Sembrador SRL, que pertenece a la familia de Miguel Galuccio, el actual presidente de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), quien fuera propuesto por el gobernador Sergio Urribarri para ese cargo, al que asumió en mayo del 2012.
Por Daniel Enz, de Análisis Digital
La lista oficial -ocultada bajo siete llaves- comprende además a las empresas Derudder Hermanos y el Establecimiento Metalúrgico Colón S.A., quienes son los dueños de Flecha Bus, de estrecha relación con el kirchnerismo, como así también del gobierno entrerriano. También surgen la financiera Consumax (Concordia) -del conocido millonario Mario Benito Sborovsky-; supermercados Fontana (Paraná); la Organización Delasoie (Colón); dos empresas de la familia Berisso, de Gualeguay, con sede en Capital Federal; Salud Mental Entre Ríos (Concordia) y el empresario Claudio María Santiago (Federación), entre otros.
LA DEFENSA DE CASARETTO
Día a día, las derivaciones de la denuncia por el fraude millonario en ATER, van ingresando en un panorama que nadie sabe hacia dónde se va a disparar. “Yo no tengo dudas de lo que denuncié y lo haré hasta las últimas consecuencias. Es mi deber y para eso estoy”, dice el titular del organismo recaudador, Marcelo Casaretto, a quien lo quiera oir. Algo así escucharon ayer los legisladores oficialistas que concurrieron a hablar con el titular de ATER, el consejo asesor del organismo y varios funcionarios del Tribunal de Cuentas. Casaretto les explicó cómo fue la maniobra que se detectó, en el mecanismo de compensaciones de contribuyentes -donde se les borraba del sistema las deudas a determinadas firmas-; los resultados de la investigación encarada desde enero de 2012 y el fraude por más de 17 millones de pesos, cometido por un total de 65 empresas de la provincia, en acuerdo con dos empleados infieles de ATER, .Estrella Martínez de Yankelevich y Daniel Gaggión, quien siempre trabajó a su lado en los últimos años. Prácticamente ninguno de los legisladores o funcionarios del TdC pudieron acceder al listado de firmas denunciadas, lo que Casaretto guarda celosamente y cuyo contenido fue enviado ayer a la jueza Marina Barbagelata, para que inicie la instrucción.
Y está claro que casi nadie habla del tema en el seno del oficialismo. No obstante, Análisis Digital pudo acceder a un listado parcial de las empresas involucradas, que seguramente generará cierto malestar en ámbitos del urribarrismo. Sucede que en esa nómina aparece, por ejemplo, la empresa El Sembrador SRL, creada por don Miguel Angel Matías Galuccio, en diciembre de 1987, padre del actual CEO de YPF, Miguel Galuccio. Es decir, el funcionario estrella de la administración de Cristina Fernández de Kirchner, que en el 2012 fuera propuesto para el cargo por el gobernador Sergio Urribarri, después de meses de insistirle para convencerlo de la importancia de su regreso a la Argentina, después de estar viviendo en Londres.
Don Miguel Galuccio, nacido en 1940, siempre manejó las empresas familiares con sus hijos: El Labrador, Palo Santo y Espinillo. La primera de ellas tiene domicilio fiscal en Blas Parera 1358 y se dedica a la venta al por mayor de bebidas alcohólicas. La actual conformación societaria está integrada por don Miguel, su esposa Elena Coronado y solamente uno de sus hijos: Julio Miguel. Este último, anoche emitió un comunicado de prensa a diferentes medios, donde señaló que la empresa en cuestión "tiene distintas deudas con ATER y está en pleno proceso de regularización de dichas deudas. Asimismo informo que la empresa no ha participado de ninguna maniobra dolosa contra la ATER", agregó. A su vez agregó que "ninguno de mis hermanos es socio, accionista o directivo de El Sembrador SRL", tal como fuera consignado en esta nota periodística..
También de Paraná aparece el supermercado Fontana, ubicado en avenida Churruarín, cuyos propietarios tienen fuertes vinculaciones con el Club Atlético Paraná, recientemente ascendido al Argentino “A” del fútbol nacional.
No fueron las únicas empresas que sorprendieron a propios y extraños. También aparecen dos firmas pertenecientes a los dueños de Flecha Bus, el grupo monopólico de colectivos con sede central en la ciudad de Colón, actuales propietarios de la mayoría de las empresas del país y con más de miles de unidades. Por un lado, surge Derudder Hermanos SRL y por el otro, Establecimiento Metalúrgico Colón SA. Esta última era la firma comprada por el gobierno de Sergio Montiel, en el 2000, donde nunca se avanzó y por lo cual quedó en manos de los Derudder, en el 2008. Allí existen por lo menos 1.400 carcazas de colectivos, para las diferentes empresas que giran alrededor de los empresarios coloneses. De hecho, el grupo Flecha Bus es hoy por hoy uno de los más cercanos al gobierno kirchnerista, como así también al urribarrismo, a quienes proveen todo el tiempo de sus unidades para actos oficialistas o encuentros militantes. Las dos empresas de los Derudder aparecen en el listado, entre las 12 empresas denunciadas, en el departamento Colón, por 2.745.027 de pesos.
Otra de las firmas denunciadas es la Organización Delasoie Hermanos SA, liderada por Carlos Delasoie, junto a sus sobrinos Mario y Roberto. Delasoie es uno de los hombres más afortunados de la zona, ex presidente del Club La Unión y propietario de por lo menos tres estaciones de servicio YPF en Colón, San José y Villa Elisa. Pero además del negocio del combustible se dedica a la cría de ganado, servicios de alojamiento en hoteles, expendio de comida, producción de huevos, servicio de transporte automotor, venta de motocicletas; de abonos, fertilizantes y plaguicidas; servicios inmobiliarios y construcción, reforma y reparación de edificios, tal como están registrados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
De Concordia, las empresas más salientes, en un listado de 8 firmas, son Consumax, Centro Eléctrico SA y Salud Mental SA. Las dos primeras son de Mario Benito Sborovsky, uno de los ciudadanos de mayor caudal económico en esa zona. Además de la conocida tarjeta o financiera Consumax, Sborovsky es dueño de las empresas Las Rosas SA, Creditel Argentina SA, Dilfer SA y Presper SA, siempre en sociedad con familiares directos.
El sanatorio Salud Mental de Concordia sería de propiedad del abogado Jorge Martínez, que no es de esa ciudad. Tiene convenios con el PAMI, alquilaron el ex sanatorio del Sindicato de la Carne para hospital de día y cuentan con consultorios del mismo rubro de salud en la esquina de Rivadavia y Buenos Aires. Al parecer, se encontrarían con algunas dificultades económicas: en los últimos tres años tuvieron 64 cheques rechazados por casi 400 mil pesos, por falta de fondos.
En tanto, en Federación, apareció involucrado el corralón de Claudio María Santiago, por 1.008.378 pesos. Es decir, el monto que mágicamente desapareció de los registros de ATER, por obra de los dos empleados infieles denunciados ante la jueza Marina Barbagelata. La citada firma es proveedora de materiales del municipio desde su creación. Según los registros, su dueño dispone de créditos por más de dos millones de pesos en bancos de plaza de esta provincia y no se observan problemas financieros. Asimismo, hay dos empresas de la familia Berisso de Gualeguay -con sede en Capital Federal- que aparecen en el listado, como partícipes de la maniobra defraudatoria.
Según se pudo saber, en el encuentro del consejo asesor de ATER –presidido por Marcelo Casaretto- con los legisladores, los funcionarios del Tribunal de Cuentas lanzaron la idea de investigar cinco años para atrás, a partir de los registros de enero de 2012, pero algunos diputados del PJ insistieron con la necesidad de profundizar aún más la pesquisa. “Esto es más grave de lo pensado y la cifra millonaria puede sorprender a muchos”, indicó a este sitio web uno de los presentes. Además, se entiende que una investigación a más de cinco años podría dejar al descubierto a varios empleados o funcionarios más, ya en la etapa de la Dirección General de Rentas (la antigua DGR), puesto que se entiende que el ardid se habría instrumentado en gobernaciones anteriores. Habrá que ver hasta dónde el actual gobierno provincial y en especial Urribarri –máxime en esta etapa de precandidato presidencial- están decididos, realmente, a investigar en profundidad y esclarecer un episodio grave y preocupante, como pocas veces se conoció en Entre Ríos y con cifras millonarias impensadas, que nunca ingresaron a las arcas públicas.
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