El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
¿Cómo es posible que de acuerdo a los registros oficiales de las 107 causas iniciadas en 2019 en la provincia no haya ninguna en Concepción del Uruguay? Tampoco se iniciaron actuaciones en La Paz, Villaguay, San Salvador, Diamante, Feliciano e Islas. ¿Acaso allí no hay kioscos de droga?
Por JUAN CRUZ VARELA (*)
La desfederalización del combate contra el narcotráfico ha tenido algunas consecuencias negativas, como el empoderamiento de la Policía de Entre Ríos y una merma en la cantidad y calidad de causas iniciadas por las figuras más graves. Las estadísticas que revelan el fracaso de una política
El narcotráfico se ha extendido en la geografía, demostrando su gran capacidad de despliegue territorial, y los kioscos de droga funcionan como una especie de mercado a cielo abierto donde se venden drogas como caramelos.
En los últimos años se ha visto que las estructuras que operan en la provincia, desde las más grandes hasta las más pequeñas, funcionan como organizaciones dinámicas y desformalizadas, donde los roles pueden ser intercambiables o mutar en forma constante, y a la vez funcionan en forma coordinada para garantizar el flujo constante de la mercancía.
Esta dinámica hace que el narcotráfico se vuelva incontrolable.
La herramienta que ensayó Entre Ríos, y otras provincias argentinas, fue la desfederalización del combate contra el narcotráfico, es decir, se facultó a la justicia provincial para perseguir y juzgar ciertos delitos previstos en la ley de estupefacientes.
Desde el 10 de mayo de 2018, las fiscalías de la provincia tienen competencia para investigar el comercio, entrega, suministro o facilitación de estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor; los casos de siembra o cultivo de plantas cuando por la escasa cantidad surja inequívocamente que es para consumo personal o la entrega ocasional y gratuita; y cuando se trate de tenencia para consumo personal.
Aunque el Gobierno asegura que la aplicación de la ley de narcomenudeo “ha sido completamente exitosa”, el tiempo transcurrido permite advertir algunas consecuencias negativas, entre las que pueden señalarse el empoderamiento de la Policía de Entre Ríos y una merma considerable en la cantidad y calidad de causas iniciadas por las figuras más graves en la justicia federal.
Las estadísticas oficiales muestran que la celebrada desfederalización tampoco provocó un frenético inicio de causas en la jurisdicción provincial ni se produjeron secuestros de droga en una cantidad significativa; en cambio, hubo un incremento en la afectación de recursos para la persecución de las figuras más débiles de cadena de comercialización e incluso de conductas de tenencia simple y tenencia para consumo personal.
La Policía cuenta, por ejemplo, que en el primer año de vigencia de la ley provincial se realizaron 318 procedimientos por delitos de microtráfico y fueron detenidas 413 personas, y hasta el 31 de diciembre de 2019 fueron detenidas 676 personas, un número engañoso porque no todas enfrentaron causas penales. Entre febrero y noviembre de 2019, la justicia provincial registró el inicio de 107 investigaciones penales con 178 personas imputadas. En tanto, en la justicia federal de Paraná cayó un 75 por ciento el número de causas iniciadas, en comparación con las que se activaban hacia mediados de 2018. Incluso la incidencia de las investigaciones por delitos de narcotráfico, que orillaba el 50 por ciento del total, también disminuyó considerablemente.
Lo que revelan estos datos es que la merma en la cantidad de causas iniciadas en la justicia federal no se condice con el número de investigaciones que lleva la justicia provincial; aunque el dato más relevante es el descenso considerable de causas iniciadas por figuras más graves, que son de exclusiva competencia nacional.
Una medición en dinero también es insignificante. Según datos oficiales, la Policía secuestró 4.352.162 pesos –y algunos vehículos–, que sumados a los 873.417,20 pesos que se impusieron por multas a quienes resultaron condenados hacen un total de 5.225.579,20 pesos, que la ley establece que sean destinados a la lucha contra el narcotráfico, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo, es decir, 275.030,48 pesos por mes. La ley establece que ese dinero debe repartirse en un 40 por ciento para el Ministerio de Salud (102.812,19 pesos), 20 por ciento para el Ministerio de Desarrollo Social (69.406,10 pesos) y 40 por ciento para la Policía (102.812,19 pesos).
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Uno de los objetivos citados en defensa de la ley de narcomenudeo es que sería un instrumento para que la justicia provincial, a través de la Policía de Entre Ríos, colabore en la persecución de los delitos menores, mientras que la justicia federal podría abocarse exclusivamente a la investigación de los ilícitos más complejos.
Tras la aprobación de la ley provincial, la ministra Rosario Romero explicaba que “en Entre Ríos tenemos una situación particular que es que tenemos solamente dos jueces con competencia penal que entienden en los delitos de narcotráfico, y se ven desbordados. Además, con un criterio de combatir al mayor, y a veces por posibilidades concretas, no llegan al más pequeño, porque deciden marcarlo o seguirlo para llegar al mayor. El problema es que el pequeño, en el barrio, hace estragos”.
Adán Bahl, cuando era ministro, había sido más explícito: “La sociedad no soporta más ver que en las esquinas se vende droga, que hay kioscos de droga en los barrios y que la Policía no hace nada, que los jueces no hacen nada”.
La ley de narcomenudeo suponía entonces aprovechar la presencia de jueces y fiscales en todos los departamentos de la provincia para desbaratar los kioscos de droga.
Sin embargo, eso no ocurrió en la práctica. Entre febrero y noviembre de 2019, la justicia provincial promovió 61 causas por la venta al menudeo de cocaína, marihuana y psicotrópicos (55 por ciento del total); de ellas, 37 fueron por comercio (34,6 por ciento del total) y 24 por tenencia con fines de comercialización (22,4 por ciento del total).
Lo que no revelan las estadísticas, pero sí un repaso más exhaustivo de las causas, es que hay una tendencia de la justicia provincial a optar por calificaciones más graves, como las relativas a la comercialización de estupefacientes. La condición para que pueda aplicarse esta figura es que las dosis estén fraccionadas para ser destinadas directamente al consumidor. Lo que cabe preguntarse es si puede haber comercio entre una, dos, tres o cuatro personas, como ha ocurrido, o si puede haber comercio de estupefacientes si no hay una organización detrás.
El mapa se completa con un incremento en la persecución de las conductas de tenencia simple (29,9 por ciento), tenencia para consumo personal (10,3 por ciento) y suministro gratuito (2,8 por ciento).
Hay otro dato que es igualmente elocuente: ¿cómo es posible que de las 107 causas iniciadas en 2019 en la provincia no haya ninguna en Concepción del Uruguay? Tampoco se iniciaron actuaciones en La Paz, Villaguay, San Salvador, Diamante, Feliciano e Islas. ¿Acaso allí no hay kioscos de droga?
En cambio, la evolución de la cantidad de causas iniciadas, ya sea por comercialización agravada, transporte, almacenamiento u otras figuras no comprendidas en la ley provincial permite demostrar que la posibilidad de acceder al conocimiento de ilícitos más complejos ha disminuido considerablemente. Dicho de otro modo, la persecución de la venta a baja escala cauteriza el inicio de investigaciones complejas; es decir, en ocasiones se ha utilizado a los pequeños eslabones como puerta de entrada a las grandes organizaciones narcocriminales e incluso a proveedores fuera de la provincia. La fragmentación en las investigaciones termina por favorecer a los proveedores medianos y grandes.
En todo caso, los datos demuestran que la atomización en la investigación judicial provoca desorganización, falta de conducción e inexistencia de estrategias para abordar un tipo de criminalidad compleja –cuyas ramificaciones trascienden las fronteras de las provincias– y la delegación de las decisiones en la Policía.
Lo que aquí se presenta es apenas una arista de un fenómeno complejo, una perspectiva judicial, que excluye el impacto que una normativa puede tener, por ejemplo, en la facilidad de acceso a los estupefacientes en aquellos sectores de la población a los que se apuntaba en los discursos desde los cuales se buscaba legitimar su instrumentación. Ello sin perder de vista que el consumo es, precisamente, un elemento de ruptura del tejido social del cual el Estado no puedo, bajo ningún aspecto, desentenderse.
(*) Artículo publicado en PÁGINA JUDICIAL y reproducido con autorización de su autor.
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